El Gobierno ha hecho bien en aguantar la presión de los camioneros y ha acertado al proponer un conjunto de medidas que no va solucionar los problemas del transporte, pero que pueden ayudarle
EL CORREO 15.06.08 -IGNACIO MARCO-GARDOQUI|
En este país practicamos un vicio con mucha frecuencia y caemos en un error con gran constancia. Claro que tenemos más, pero yo me refiero hoy a los que afloran siempre en los conflictos socio-económicos. El reciente del transporte es un buen ejemplo. El vicio: cuando un sector económico, una comunidad social o cualquier grupo de personas se enfrentan a un problema que no son capaces de resolver sus miradas se dirigen inmediatamente hacia el Estado. «Que lo arregle el Gobierno» es más que una súplica y mucho más que un deseo. Es una orden. El error: en este país confundimos lo que es «gratis» con todo lo que es «sin costo». Y no es así. Hay muchas cosas, como la sanidad o la educación, que son gratis, pero que tienen un costo enorme. Otra cosa es que no se repercuta al usuario del servicio. La culpa del equívoco la tiene la nefasta costumbre de no informar al beneficiario del coste que conlleva el servicio gratuito que recibe.
Los transportistas se enfrentan hoy a una situación francamente difícil por culpa de la conjunción de una serie de factores adversos. En primer lugar, a una brutal subida de un coste tan fundamental en su actividad como son los carburantes que mueven los camiones que conducen. En segundo, a otra subida, no menos dolorosa, de los tipos de interés que han de pagar por los créditos solicitados para adquirir y operar esos camiones. En tercero, a una relevante caída de la actividad, consecuencia de la crisis. Cuando el consumo, en general, decae, y la construcción se estanca, la demanda de transporte sufre un descalabro. Unan a todo ello la terrible atomización del sector, que nos muestra a una pléyade de autónomos y muy pequeños empresarios que carecen de la capacidad de negociación necesaria para pactar precios convenientes con los cargadores, y tendrán una imagen fiel de los problemas a los que se enfrenta el sector.
De ahí que todas las miradas se dirijan angustiadas hacia el Gobierno en busca de unas soluciones globales que pocos encuentran a nivel individual. Pero aquí unimos el vicio con el error. El Gobierno no es nunca omnisciente, pero en este caso dispone de un muy estrecho margen de maniobra y todo lo que puede hacer tiene un coste elevado que es necesario calibrar. El derecho de la competencia, la justicia comparativa y las restricciones presupuestarias son elementos que influyen decisivamente en la 'solución posible' que, sin duda alguna, estará muy lejos de la 'solución deseable'.
El Gobierno no puede influir sobre el precio del gasóleo y no puede rebajar los tipos de interés porque son decisiones que caen completamente fuera de su área de influencia. Tampoco puede decretar unas tarifas mínimas a un servicio que prestan empresas privadas, porque eso lesionaría gravemente el derecho de la competencia. Ni siquiera puede imponer un sistema automático de traslación de costes a tarifas porque eso significaría una injerencia intolerable en el mercado, que automáticamente sería solicitado por todos los innumerables sectores que padecen la misma inflación de costes.
¿Qué puede hacer? Puede aliviar la carga fiscal, reducir las cotizaciones sociales y aligerar los procesos administrativos de las empresas de transporte. Pero todo eso tiene un coste que hay que trasladarlo a alguien. O aumenta a otros sectores los impuestos que les gravan, para mantener el mismo nivel de ingresos, o reduce los gastos sociales o aumenta el déficit público. Nada es gratis, todo tiene costo.
Y, con ello, nos adentramos en el proceloso mundo de la justicia comparativa. Los gobiernos acostumbran a ser más sensibles con los problemas que acucian a los sectores que más presionan. No cabe duda de que los transportistas disponen de una enorme capacidad de presión, como lo demuestra el hecho de que lleven una semana abriendo los informativos de las televisiones y ocupando las primeras páginas de todos lo periódicos. En definitiva, ningún ministro llega al Gobierno con la palma de los mártires en la mano, sino con el indisimulado interés de concitar los apoyos necesarios para mantenerse en el sillón.
Pero, una cosa es la conveniencia particular, otra la capacidad de resistencia y una muy distinta la eficacia y la justicia de su actuación. Visto así, el Gobierno ha hecho bien en aguantar la presión; y ha acertado a la hora de proponer un conjunto de medidas que no van a solucionar los problemas del transporte, pero pueden ayudarle sin romper ningún equilibrio fundamental ni violentar ninguna norma de la competencia. En adelante, el sector debería centrarse en buscar sus propias soluciones. Hay muchas cosas que dependen de su voluntad, como es la estructura empresarial y, con toda certeza, nadie sabe mejor que ellos lo que deben hacer para dar viabilidad a sus empresas y garantizar su futuro. Bajo estas premisas, la solidaridad social estaría justificada.
