EPA: sube el paro, pero a menor ritmo

Los analistas coinciden en que el Plan E del Gobierno está detrás de esta moderación, así como que la moderación de la bajada del empleo será temporal si no se toman otras medidas.

Preocupa, espcialmente, la bajada del turismo tras el verano. Es por ello, que el Gobierno se reúne en Mallorca con la intención de seguir impulsando este sector de una forma "sostenible". Aunque no se trata de industria, desde luego que se trata de un sector en el que la mano de obra es intensiva y se adecúa a las características de España (costa, climatología, cultura) para seguir siendo una actividad pujante y creadora de empleo.

El colchón que ha funcionado para suavizar la caída del empleo ha sido el aumento de construcción a través del impulso de infraestructuras (ya véis cómo tenemos nuestras ciudades patas arriba) y el repunte de las ventas de automóviles con el plan 2000E. Sin embargo, ambos sectores están destinados a dejar de ser motores. El de la construcción, porque está en claro declive y no admite si no sus últimos coletazos y el del motor, porque está cercano a la saturación y no podemos competir en precio con los emergentes asiáticos: es el mismo caso que la construcción naval, que ya se ha reconvertido.

Por otra parte, es de destacar la diferencia entre los datos del INEM y la EPA. Por lo visto el Gobierno está cumpliendo con su promesa de reciclar a parados y paradas. Sin embargo, esto no hace si no confirmar que la Formación Profesional no tiene la configuración ni la aceptación necesarias para adecuar la oferta de empleo a los sectores productivos de futuro.


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El vicio y el error

El Gobierno ha hecho bien en aguantar la presión de los camioneros y ha acertado al proponer un conjunto de medidas que no va solucionar los problemas del transporte, pero que pueden ayudarle

EL CORREO 15.06.08 -IGNACIO MARCO-GARDOQUI|

En este país practicamos un vicio con mucha frecuencia y caemos en un error con gran constancia. Claro que tenemos más, pero yo me refiero hoy a los que afloran siempre en los conflictos socio-económicos. El reciente del transporte es un buen ejemplo. El vicio: cuando un sector económico, una comunidad social o cualquier grupo de personas se enfrentan a un problema que no son capaces de resolver sus miradas se dirigen inmediatamente hacia el Estado. «Que lo arregle el Gobierno» es más que una súplica y mucho más que un deseo. Es una orden. El error: en este país confundimos lo que es «gratis» con todo lo que es «sin costo». Y no es así. Hay muchas cosas, como la sanidad o la educación, que son gratis, pero que tienen un costo enorme. Otra cosa es que no se repercuta al usuario del servicio. La culpa del equívoco la tiene la nefasta costumbre de no informar al beneficiario del coste que conlleva el servicio gratuito que recibe.

Los transportistas se enfrentan hoy a una situación francamente difícil por culpa de la conjunción de una serie de factores adversos. En primer lugar, a una brutal subida de un coste tan fundamental en su actividad como son los carburantes que mueven los camiones que conducen. En segundo, a otra subida, no menos dolorosa, de los tipos de interés que han de pagar por los créditos solicitados para adquirir y operar esos camiones. En tercero, a una relevante caída de la actividad, consecuencia de la crisis. Cuando el consumo, en general, decae, y la construcción se estanca, la demanda de transporte sufre un descalabro. Unan a todo ello la terrible atomización del sector, que nos muestra a una pléyade de autónomos y muy pequeños empresarios que carecen de la capacidad de negociación necesaria para pactar precios convenientes con los cargadores, y tendrán una imagen fiel de los problemas a los que se enfrenta el sector.

De ahí que todas las miradas se dirijan angustiadas hacia el Gobierno en busca de unas soluciones globales que pocos encuentran a nivel individual. Pero aquí unimos el vicio con el error. El Gobierno no es nunca omnisciente, pero en este caso dispone de un muy estrecho margen de maniobra y todo lo que puede hacer tiene un coste elevado que es necesario calibrar. El derecho de la competencia, la justicia comparativa y las restricciones presupuestarias son elementos que influyen decisivamente en la 'solución posible' que, sin duda alguna, estará muy lejos de la 'solución deseable'.

El Gobierno no puede influir sobre el precio del gasóleo y no puede rebajar los tipos de interés porque son decisiones que caen completamente fuera de su área de influencia. Tampoco puede decretar unas tarifas mínimas a un servicio que prestan empresas privadas, porque eso lesionaría gravemente el derecho de la competencia. Ni siquiera puede imponer un sistema automático de traslación de costes a tarifas porque eso significaría una injerencia intolerable en el mercado, que automáticamente sería solicitado por todos los innumerables sectores que padecen la misma inflación de costes.

¿Qué puede hacer? Puede aliviar la carga fiscal, reducir las cotizaciones sociales y aligerar los procesos administrativos de las empresas de transporte. Pero todo eso tiene un coste que hay que trasladarlo a alguien. O aumenta a otros sectores los impuestos que les gravan, para mantener el mismo nivel de ingresos, o reduce los gastos sociales o aumenta el déficit público. Nada es gratis, todo tiene costo.

Y, con ello, nos adentramos en el proceloso mundo de la justicia comparativa. Los gobiernos acostumbran a ser más sensibles con los problemas que acucian a los sectores que más presionan. No cabe duda de que los transportistas disponen de una enorme capacidad de presión, como lo demuestra el hecho de que lleven una semana abriendo los informativos de las televisiones y ocupando las primeras páginas de todos lo periódicos. En definitiva, ningún ministro llega al Gobierno con la palma de los mártires en la mano, sino con el indisimulado interés de concitar los apoyos necesarios para mantenerse en el sillón.

Pero, una cosa es la conveniencia particular, otra la capacidad de resistencia y una muy distinta la eficacia y la justicia de su actuación. Visto así, el Gobierno ha hecho bien en aguantar la presión; y ha acertado a la hora de proponer un conjunto de medidas que no van a solucionar los problemas del transporte, pero pueden ayudarle sin romper ningún equilibrio fundamental ni violentar ninguna norma de la competencia. En adelante, el sector debería centrarse en buscar sus propias soluciones. Hay muchas cosas que dependen de su voluntad, como es la estructura empresarial y, con toda certeza, nadie sabe mejor que ellos lo que deben hacer para dar viabilidad a sus empresas y garantizar su futuro. Bajo estas premisas, la solidaridad social estaría justificada.

Paro Biológico

Algunos lo llaman huelga. Otros, claramente, paro patronal. Rajoy se apresura a decir que la huelga es contra Zapatero, a pesar de que fue su propio gobierno el que inventó un nuevo impuesto sobre hidrocarburos.

Sin embargo, si uno va al fondo del asunto, se da cuenta de que estamos ante uno de los primeros “paros biológicos” por escasez de petróleo o, dicho de otra manera, por la simple inviabilidad del sistema energético. Más allá de la protesta de los autónomos y empresarios para seguir ganando lo que antes de la Guerra de Irak con sus flotas y camiones, lo que realmente ocurre es que el petróleo es un bien que sabemos que se agota. Y claro, cuando algo escasea, sube de precio. Cuando algo percibimos que escasea, sube más de precio. Y si los productores que concentran el bien pueden hacerlo escasear aún más y que lo percibamos así, estirarán su beneficio más tiempo, aumentándolo desde el presente hasta el límite de lo soportable durante algunos años más mientras acaparan el poder de las energías alternativas.

Para aquellos que se ganan unos buenos ingresos (conozco un par de ellos por lo menos) sobre el asiento de un camión cuya sangre es el oro negro, la situación no es la que era. Sus jubilaciones quedan en peligro por falta de previsión. No se han dado cuenta que, ni Zapatero ni Rajoy controlan el precio de un producto extranjero, caro, no-renovable y contaminante. La UE nos va a obligar a subir los impuestos sobre los hidrocarburos ya que apuesta por energías renovables y más limpias. Por lo tanto, una rebaja, no sólo alimenta un sistema energético insostenible, si no que sería pan para hoy, hambre para mañana y mayor beneficio para productores de petróleo y sus derivados, que son especialistas en devorar rebajas de impuestos indirectos.

El futuro marca una seria re-estructuración del sector de transportes de mercancías. Si yo fuera camionero, juntaría los ahorros de unos cuantos para formar una operadora de mercancías por ferrocarril y vendería los camiones obsoletos allí donde no pueden usar otra cosa (ya sé que esto es egoísta, pero esta huelga también lo es). Y es que el futuro pasa por el ferrocarril (según el PEIT), los biocombustibles (no alimentarios) y otras fuentes de energía más avanzadas (no descartaría remolques con paneles solares). Hasta que se complete la transformación, seguirá habiendo paros y parches. Ya nos podemos ir acostumbrando a la transición.

Cuando la sangre está tan cara, el oso del transporte hiberna. Si se hace imposible, se extingue.